La doble vara de la indignación: cuando los «derechos» dependen del beneficiario
Vierne5. / La Voz Del Lector.
En Venezuela, miles de dirigentes y activistas políticos y sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, militares y ciudadanos comunes han pasado por las mazmorras del régimen de Nicolás Maduro. Hoy, muchos de ellos siguen tras las rejas, sometidos a torturas físicas y psicológicas, aislados de sus familias y sin derecho a la defensa. Otros salieron de aquellas celdas para ir directamente al cementerio.
Los testimonios de exiliados y sobrevivientes, los informes de la ONU y de diversas organizaciones de derechos humanos han documentado ampliamente la brutalidad del aparato represivo del chavismo. Sin embargo, el grito de indignación de ciertos sectores políticos y mediáticos parece ser selectivo, dependiendo de quién es la víctima y de quién es el victimario.
Esta hipocresía ha quedado en evidencia con la reciente deportación de presuntos pandilleros del Tren de Aragua (TDA) desde Estados Unidos hacia El Salvador. De repente, una serie de políticos, analistas y opinadores que nunca han dedicado una sola frase para denunciar el horror de los presos políticos en Venezuela, se han levantado para cuestionar la falta de garantías y debido proceso de estos criminales.
Es curioso cómo estos defensores «ocasionales» de los derechos humanos guardan silencio absoluto cuando las víctimas son sus propios compatriotas, perseguidos por pensar diferente. No han exigido justicia para Fernando Albán, el concejal asesinado en el SEBIN. No han elevado su voz por el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, torturado hasta la muerte. No se han manifestado por los más de mil presos políticos que siguen hoy en los calabozos de la dictadura, incluyendo a 121 mujeres que enfrentan condiciones de hacinamiento extremo en el INOF.
Pero, cuando la Casa Blanca de Donald Trump decide tomar medidas contundentes contra el crimen organizado y deporta a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador, entonces sí aparece la indignación «humanitaria». Ahora, resulta que están preocupados por el debido proceso y la dignidad de quienes han sembrado terror en América Latina y más allá.
Es evidente que el régimen de Maduro ha usado el crimen organizado como un brazo paralelo de represión y control social. Desde hace años, se ha documentado la complicidad de las autoridades venezolanas con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y los colectivos paramilitares. La dictadura ha creado un narcoestado donde la impunidad es la norma, mientras los ciudadanos decentes son perseguidos, exiliados o asesinados.
Desde esta tribuna, exigimos coherencia y valentía. Si en verdad hay preocupación por los derechos humanos y el debido proceso, entonces la primera exigencia debe ser la libertad de los presos políticos en Venezuela. ¿O es mucho pedir?
El silencio ante las atrocidades cometidas por Maduro y su cúpula demuestra que para muchos la indignación es selectiva. La defensa de los derechos humanos no puede ser utilizada como una herramienta política para proteger a delincuentes mientras se ignora el sufrimiento de miles de venezolanos inocentes.
La verdad es clara: si realmente les importara la justicia, deberían comenzar por condenar la dictadura que ha convertido a Venezuela en una prisión a cielo abierto.
Vierne5. / la Voz Del Lector.
